20 febrero 2018
ENTREVISTA A LUIS BRITTO GARCÍA POR MARÍA FERNANDA BARRETO
Cómo defines el paramilitarismo en su versión latinoamericana.
-Ante todo el paramilitarismo es un eufemismo para la simple delincuencia. Paramilitar suena “muy bonito”, militar es un término latino. Pero el paramilitar es un delincuente que ejerce el terrorismo, el asesinato, el robo y todos los tipos de violencia contra los seres humanos. Lamentablemente, en América Latina esas actividades son realizadas con fines políticos, con el objetivo de apuntalar los intereses de gobiernos conservadores aniquilando a la oposición. Yo diría que son grupos armados -usualmente apoyados de manera clandestina por un gobierno conservador- que ejercen las tareas de terror y de exterminio que les están vetados legalmente a los ejércitos constituidos. En ese sentido son una especie de ejército no declarado, así como hay un mercado paralelo, hay un ejército paralelo y por eso le dicen paramilitar. El problema, es que esas fuerzas a la larga se convierten en poderes políticos y pueden determinar la posición de importantes fuerzas políticas. En Colombia por ejemplo, hubo un debate sobre la “parapolítica” porque estas fuerzas paramilitares, con los intereses económicos que reunían habían logrado colocar en el poder legislativo colombiano una gran cantidad de parlamentarios y entonces, naturalmente se podía decir que muchas de las decisiones de ese poder legislativo estaban fuertemente influidas por una organización delincuencial que actuaba fuera de la ley, que cometía violaciones de DDHH y ejercía asesinatos y robos a gran escala. En otras palabras: el crimen era quien hacía las leyes. Esa una situación muy problemática para un país.
Hace poco citaba en uno de mis artículos palabras del libro que publicaste junto a Miguel Ángel Pérez Pirela “Operación Daktari” en torno a la importancia de recordar que el paramilitarismo se vincula a la parapolítica que acabas de mencionar pero además a una paraeconomía. Qué puedes decirnos al respecto.
-Sí, el paramilitarismo tiene que ver con actividades claramente delincuenciales como el narcotráfico, pero se va implantando poco a poco en una sociedad a través de una serie de mixturas abusivas de operaciones económicas. Por ejemplo, en los estados donde comienza a manifestarse el paramilitarismo aparecen primero una cantidad de organizaciones de supuesta vigilancia contra el hampa que son en realidad paramilitares. Dos, estas organizaciones empiezan a cobrarle por su vigilancia a los ciudadanos, a las empresas, y llega un momento en que se atreven a “cobrar vacuna”, bajo el pretexto de que se están recaudando gastos para la seguridad, y que por tanto no puede ser considerado más que como extorsión. Literalmente se le está imponiendo un tributo a la ciudadanía, impuesto que no es sancionado por un poder legislativo sino por una autoridad que no existe como tal. Luego se establecen alcabalas, toques de queda, y así empiezan a moverse dentro del ámbito de imposición de la autoridad ejerciendo actividades que son propias de los poderes legítimos y suplantándolos progresivamente. Paralelamente con esas actividades comienza la injerencia en el sistema económico. En la revista Semana de Colombia, se denunciaba que los paramilitares estaban migrando a países vecinos porque tenían cuentas pendientes con la justicia y se habían llevado sus capitales y los estaban invirtiendo entre otras cosas en industrias del juego, casas de juego, maquinitas, etc. Esa es una industria que da fabulosos réditos. Por otro lado, están involucrados en el narcotráfico. Se van asentando en territorios populares, comienzan a relacionarse con la delincuencia común o a suplantarla para crear nuevas redes de distribución de la droga que son sumamente difíciles de detectar y combatir. De ahí pasan a la “economía legal”, fondos del narcotráfico comienzan por ejemplo, a comprar fundos agrícolas. Los trabajadores de esos fundos son controlados por el paramilitarismo con el objetivo de que no exijan reivindicaciones sociales o laborales. Si hay algún trabajador que tiene problemas con los dueños, desaparece misteriosamente. Hay que señalar además que, según informaciones que me han llegado, muchas de las personas que compraron fundos en la frontera con Colombia tienen trabajadores colombianos y para controlar a esos trabajadores traen paramilitares colombianos. También he sabido de la participación de paramilitares en empresas de supuesta vigilancia, empresas de transporte (lo que les da un poder tremendo en caso de generar por ejemplo, paros de transporte o cortes viales), ciertas empresas de cultivos vitales: me han llegado informes de que tienen inversiones y casi dominan por ejemplo, el cultivo de la papa y el plátano en los estados andinos. Y así se van convirtiendo en un poder económico fundado en el poder paramilitar. Que en determinado momento puede sabotear competidores, amenazar de muerte y ejecutar esas amenazas para irse posicionando poco a poco como una fuerza económico terrorista en las zonas donde se van implantando.
Según las investigaciones que has hecho, en qué momento comienza a entrar el paramilitarismo colombiano a Venezuela.
-Para mí una de las primeras intervenciones visibles del paramiltarismo colombiano en Venezuela fue la masacre de Cararabo ya a finales del siglo XX en Venezuela, un puesto fronterizo fue atacado de un modo muy peculiar. Se atormentó a los soldados de una manera bárbara que tendía más a dejar un mensaje de terror que a lograr un objetivo estratégico. Esa masacre causó una gran conmoción porque era un simple puesto de vigilancia venezolano, y el ejército regular colombiano no debió haberlo hecho porque pues no había una situación de guerra, eran ejércitos que convivían con cierta paz. Evidentemente allí hubo una situación aviesa que se le atribuyó a la guerrilla colombiana, la cual tampoco tenía ningún motivo para ejecutar una acción de esa índole en Venezuela, ni en ningún sitio. De ahí en adelante comenzaron a menudear señales de la presencia paramilitar. Entre otras, la expansión extraordinaria de casas de juego y casinos en Venezuela. Como dije, la revista Semana señaló que una de las principales inversiones de los paramilitares en el exterior está en la industria del juego. Venezuela en un lapso muy breve llega a tener más de 60 casinos. Entonces, uno se pregunta por qué esa industria recibe un impulso tan poderoso a pesar de que en el Código Penal venezolano está prohibido abrir una casa de juego al público, tú puedes jugar juegos de azar en tu casa cerrada, pero no abrirlos al público, eso es ilegal. Tiene como sanción la confiscación de los implementos de esa casa y una multa que con los años ha devenido en irrisoria. Pero es una actividad ilegal. ¿Cómo es que una actividad ilegal se expande de una manera tan extraordinaria, cómo es que se crea una comisión de casinos en el poder legislativo y cómo es que esa comisión ocupa hoy ni más ni menos que la antigua embajada de los Estados Unidos, un edificio lujoso en la Campiña que quizás tiene más oficinas que la propia Asamblea Nacional?
Pero no se cerraron los Casinos en Venezuela.
-No, los casinos siguen funcionando, ha habido esfuerzos de algunas autoridades con el objetivo de cerrarlos. Por ejemplo, Jorge Rodríguez en algún momento cerraba casinos como uno que se encuentra en San Bernardino, y sin embargo, al poco tiempo venían sentencias del Tribunal Supremo de Justicia concediéndoles medidas de amparo. Una cuestión que crea asombro y sin embargo sucedía así. Jorge Rodríguez cerraba el casino, 24 horas después llegaba el recurso de amparo y entonces había que volver a abrirlo hasta que Jorge Rodríguez volvía a cerrarlo, y así sucedió con muchos garitos. Fuera de eso hay que señalar una proliferación de juegos de maquinitas y casas de apuestas, también una serie de juegos internacionales por internet para hacer apuestas sobre carreras que se corren en el exterior, en los que se apuesta en divisas. Lo grave de eso, en mi concepto, es toda la maquinaria de sobornos que implica. Mi posición personal, el que quiera jugar que se encierre en su casa y si quiere jugar ruleta rusa pues allá él, pero los casinos implican una superestructura que está vinculada a una actividad ilegal en Venezuela y para ejercerla debe comprar la benevolencia de autoridades municipales, estadales, nacionales y tribunales, con lo cual se va instalando un mecanismo de corrupción para que esas autoridades pasen a obedecer a los casinos y no a los ciudadanos que lo eligieron.
En un casino se capturó a Carlos Ortega si mal no recuerdo.
-Claro, Carlos Ortega fue capturado en uno de esos casinos, lo que demuestra la selecta concurrencia que hay en esos sitios. Y además, para establecer esta actividad ilegal viene gente que sabe manejar este tipo de empresas, con sus guardaespaldas que generalmente son delincuentes, por lo cual la instalación de esos casinos es siempre negativa.
Pero ese no es el único negocio vinculado al blanqueo de capitales, tú mismo hablaste de la compra de tierras y ahora tenemos otra actividad ilícita muy rentable que es el contrabando de extracción y ahora ese juego con el llamado dólar paralelo, que aunque pueda tener sobre todo un objetivo político, también sirve para este blanqueo de capitales.
-Sí, es que lo que explica su misteriosa proliferación es que es fundamental para el blanqueo de capitales. Si un casino dice que hizo tal cantidad en una noche, quién va a decir que no. Por cierto, se hizo una Ley de Casinos sumamente paradójica, que les fija unas tazas de tributación ridículas y que para colmo de ironía, establece que los directivos de los casinos deben ser personas de elevada reputación moral. En definitiva, esta es una de las múltiples actividades para el lavado de capitales de origen ilegítimo. Pero por otra parte ha habido importantísimas compras de propiedades de toda índole por capitales del narcotráfico, uno ve repentinamente que aparecen edificios de lujo cuyos apartamentos al parecer no se venden, pasa el tiempo y los apartamentos permanecen vacíos; hoteles con ocupación mínima. Evidentemente son actividades de lavado de capitales, esto se ve sobre todo en Margarita pero también en otras zonas turísticas. Con razón la ley relativa a los casinos prevé la instalación de esta plaga en zonas a las que denomina “turísticas”, que con ello se convierten de facto en zonas rojas.
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